- GORE Recibió gratuitamente terreno de empresa piurana para instalar “Casa Solidaria” y se niega a salir y a cumplir acuerdos.
- Hicieron compras de materiales e insumos para regalar Ivermectina y niegan pago a proveedores. Uno de ellos murió en pleno litigio judicial.
Hacer “perro muerto”, implica una acción maliciosa orientada a apropiarse de algo ajeno o tomarlo para sí, sin ánimo de pagarlo y si fuera delito como lo es en Chile, varios funcionarios del gobierno regional ya tendrían que estar procesados penalmente pues una cosa es el incumplimiento de un contrato y otra es actuar con dolo, como parece estaría ocurriendo con un terreno de 6,400 m2 que durante lo peor de la pandemia por el COVID, el GR Piura instaló la llamada “Casa Solidaria” o con la compra de miles de dosis de Ivermectina que, pese a haberlas requerido, distribuido y usado como herramienta de propaganda política, la gestión de SERVANDO GARCÍA CORREA se niega a reconocer, al punto que por esa razón tiene varias demandas en el Poder Judicial, todas con sentencia en favor de los demandantes.
Cuando la pandemia y la incapacidad del GR Piura hacían estragos en los piuranos, se hacían necesarios grandes espacios para habilitar camas que atiendan a los contagiados y la empresa Industria Textil Piura S.A. representada por el presidente de su directorio KARL REUSCHE ARÁMBULO, cedió al GR Piura, temporalmente y a título gratuito, 6,400 m2 de sus almacenes, construidos de material noble, techados y acondicionados, para que funciones la que entonces se llamó “Casa Solidaria”, donde se atendían a los enfermos no graves, en cuarentena o recuperación.
TEXTIL PIURA S.A. cedió gratuitamente sus instalaciones por seis meses que vencieron en octubre de 2020, plazo luego del cual, el GR Piura debió devolver esas instalaciones, sin embargo, solicitó se les extienda el préstamo gratuito hasta el 31 de enero de 2021. La empresa piurana, comprendiendo la situación y la precariedad de las instalaciones hospitalarias en la región aceptó el pedido del entonces gerente general del GR Piura, JESÚS TORRES SARAVIA, hoy con prisión preventiva por un caso de grave corrupción; pero aprovechando la benevolencia de los donantes o quizá por su incapacidad para desmontar las instalaciones y buscar otro local; el GR Piura decidió seguir haciendo uso de las instalaciones recibidas gratuitamente, por lo que ante lo que ya parecía un abuso de confianza, Textil Piura S.A. les dio plazo para que le devuelvan sus instalaciones como máximo, hasta el 30 de abril de 2021.
Vencido ese plazo, nuevamente el GR Piura se negó a devolver las instalaciones, por lo que la empresa en una carta notarial del 12 de mayo, dirigida a JESÚS TORRES SARAVIA, le dice: “Al no recibir nuestra propiedad y muy a pesar de nuestra mejor intención para continuar brindándoles para su uso a pedido de ustedes, no hemos encontrado ni la seriedad ni la buena intención para llegar a un acuerdo, por lo cual les indicamos que tomaremos nuestra propiedad el día lunes 17 de mayo sin más extensiones (…) Por último, hemos colaborado desinteresadamente en la lucha contra la pandemia y con el gobierno regional, pero creemos que es necesario usar todos los activos de nuestra empresa ya que requerimos de ellas para cumplir nuestros compromisos y continuar generando recursos”.
Aunque usted no lo crea, era 31 de agosto de 2021 y el GR Piura se negaba a devolver las instalaciones, por lo que, para permanecer allí, buscó llegar a un acuerdo con Textil Piura S.A. pagando un alquiler por los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2021, a razón de cuatro dólares el metro cuadrado por mes y siendo 6,400 m2 los utilizados, el GR Piura, sin que se incluyan los 13 meses en que utilizó gratuitamente dichas instalaciones, se comprometió a pagar US$ 102,400. obligación que hoy se niega a honrar, recurriendo a triquiñuelas como que el contrato no se regularizó, que no hay requerimiento para utilizar esas instalaciones y que finalmente, no ha sido presupuestado y por corresponder al año anterior, no hay forma de pagarlo.
Hasta hoy que se publica esta nota, el GR Piura mantiene algunos enseres en las instalaciones que por 13 meses Textil Piura S.A. le cedió gratuitamente para beneficio de los piuranos y cuyos representantes no son recibidos en las oficinas del gobierno regional o los invitan a reuniones que luego cancelan sin explicación alguna, todo para no asumir su responsabilidad y honrar compromisos a los que llegaron por su propia incapacidad e irresponsabilidad. Lo que la empresa ha hecho para que terminen de dejarle sus instalaciones es cursarles una nueva carta notarial solicitando el reconocimiento de esa deuda, bajo el principio del enriquecimiento sin causa, establecido por el artículo 1954º del código civil, el cual señala que aquel que obtiene un beneficio o se enriquece indebidamente a expensas de otro, está obligado a indemnizarlo y ello fue lo que ocurrió pues el GR Piura no solo se ahorró 332,800 dólares por la actitud altruista de Textil Piura S.A. sino que además, pretende aprovecharse de ello, para dejarle de pagar 102,400 dólares, deuda que resulta de su notoria incapacidad e irresponsabilidad.
La estafa a pequeños empresarios
“Vigilia Ciudadana” ha encontrado evidencias documentadas de la que práctica del “perro muerto” con que el GR Piura atendió la pandemia, no sólo se limitó a no querer pagar cuatro meses de alquiler de los ambientes que, en los 13 meses previos, usó a título gratuito, sino que abusando de la buena fe de algunos pequeños empresarios, les requirió materiales médicos y hasta insumos para fabricar Ivermectina por más de S/ 400 mil, los que no solo ha omitido pagar, sino que ha llegado al extremo doloso de negar haber hecho los requerimientos y haberlos recibido, pese a existir documentación que da sustento a las varias demandas judiciales que los agraviados han realizado para ser resarcidos de lo que califican como “estafa”.
En varios juzgados de la Corte Superior de Piura, se ventilan cinco demandas por obligación de dar suma de dinero contra el GR Piura, las que fueron planteadas por cinco pequeñas empresas que, para atender los pedidos de insumos para Ivermectina y materiales médicos, recibieron un préstamo de S/ 140 mil mientras que otra de ellas invirtió S/ 309 mil en productos médicos que, para combatir el COVID, fueron recibidos por a la Gerencia de Desarrollo Social del GR Piura.
Zapata Equipamientos EIRL, Poseidon Services EIRL, Word Casting EIRL y Beatriz Zapata Reforme son las cuatro pequeñas empresas que recibieron un préstamo de S/ 140 mil del microempresario GERALDO CORONADO PAIVA quien declara que, junto a sus socios, han sido “estafados de mala fe” por lo que ante la negativa de pago han tenido que recurrir a demandar judicialmente al GR Piura.
El otro micro empresario burlado por el “perro muerto” de los funcionarios de SERVANDO GARCÍA, es MARCO ANTONIO OROZCO PERALTA de la empresa FAMIDO quien denunció al GR Piura por estafa, pues atendió órdenes de compra para que les provea de mascarillas, medicinas contra el coronavirus, indumentaria de protección, entre otros productos, los que entregó entre los meses de marzo y abril del 2020 en al menos 20 oportunidades.
Para desgracia de la familia de OROZCO PERALTA asentada en Paita, la demanda iniciada por don MARCO ANTONIO quedará inconclusa pues, en medio de sus reclamos y la profunda depresión que le generó haberse endeudado con entidades financieras y perdido su patrimonio, el demandante falleció hace pocos meses sin poder recuperar el dinero que invirtió para atender los irresponsables y dolosos requerimientos del GR Piura. Antes de fallecer, en distintos medios de comunicación, OROZCO PERALTA responsabilizó a los funcionarios de la gerencia de Desarrollo Social y al mismo gobernador, SERVANDO GARCÍA, de no hacer efectivo el pago pese a contar con el registro de las órdenes de compra y las actas que certifican la entrega de los productos en los almacenes del GR Piura.
Lo increíble de estas cinco historias de abuso de poder y arbitrariedad, es que mientras los pequeños empresarios agraviados muestran los requerimientos de compra, guías de remisión, actas de recepción de los insumos y productos que proveyeron al GR Piura en plena emergencia generada por la pandemia y hasta muestran fotografías del gobernador regional SERVANDO GARCÍA distribuyendo Ivermectina al tiempo que hacía propaganda política en su favor; el GR Piura y el propio gobernador, representados por su equipo de procuradores se niegan a reconocer los pagos a los que quedaron obligados bajo argumentos que ellos mismos transgredieron como que, al ser una entidad del estado, sus contrataciones o adquisiciones de bienes, obras o servicios, son atendidas cumpliendo con los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Así también, llegan al extremo de negar por escrito y tajantemente la existencia de esas deudas pues, según ellos, no se evidencia la regularización de la contratación dentro del plazo establecido en el art. 142 del Reglamento Ley De Contrataciones del Estado y, además, porque dichas adquisiciones, no fueron incluidas en los proceso de selección exonerado en el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Es decir, algo que ellos debieron hacer y que no hicieron por incompetencia o dolo, atribuyen la responsabilidad de ello a estos pequeños empresarios.
Es tal la falta de vergüenza de quienes defienden los estropicios de SERVANDO GARCÍA y sus funcionarios que, entre sus argumentos de defensa aducen que no se registró ningún proceso de contratación, niegan que lo adquirido haya ingresado a almacenes, cuando todo era recibido por la gerencia de desarrollo social que, entonces, era dirigida por el abogado JUAN CARLOS MEJÍA SEMINARIO. Así también, arguyen que el pago reclamado no se sujeta al procedimiento establecido en la Ley General de Presupuesto para la ejecución del gasto público pues, para que una entidad del Estado ejecute gasto público debe cumplir con tres etapas; Compromiso, Devengado y Pago; las cuales se dan luego de una aprobación de un gasto y del nacimiento de la obligación a través de un contrato y que se debe contar previamente con la asignación presupuestal suficiente para ejecutar el gasto dentro del ejercicio presupuestal que esté se realiza. Es decir, su propia actuación irregular en los procedimientos de compras durante la pandemia, lo utilizan para negar que hicieron esos requerimientos y, de ese modo, buscan eludir la obligación de pago.
El proveedor de materiales médicos GERALDO PAIVA CORONADO narró que en julio de 2020 fue contactado por el entonces gerente de Desarrollo Social, JUAN MEJÍA SEMINARIO, para que provee la venta de materiales médicos y que por la emergencia, se regularizaría la compra en una semana y se pagaría: “Yo entregue materiales de protección destinados al personal de salud, así como goteros de polietileno e insumo para la elaboración de ivermectina que el Gobierno regional en ese momento estaba solicitando, que luego el mismo gobernador regalaba como la solución contra el COVID y hasta hoy, nos pagaron ni un sol”.
PAIVA CORONADO dijo que en las cuatro demandas que han formulado contra el GR Piura, los jueces les han dado la razón en primera instancia sentenciando en favor de ellos, no solo para que se les pague por los productos que entregaron, sino también los intereses respectivos, así como costos y costas de las demandas, pero el GR Piura ha apelado y desde hace seis meses, las salas correspondientes no revisan esas apelaciones.
“Nosotros seguiremos litigando hasta que se reconozca nuestro derecho y recuperemos nuestro dinero. Sospechamos que a ese dinero le han dado otro destino y hasta pudiera ser que lo han pagado con facturas de otras empresas. Nosotros queremos justicia, aunque ellos seguramente esperan que, como nuestro amigo OROZCO PERALTA, también terminemos en la tumba para que dejemos de litigar”. Finalizó GERALDO CORONADO PAIVA.
Vigilia Ciudadana 