Si a la corrupción se le suma incompetencia, tenemos este resultado…

El daño patrimonial generado al Estado por corrupción e inconducta funcional durante el 2020, habría alcanzado los 22,059 millones de soles, equivalentes a 12.6% del presupuesto ejecutado ese año y al 3.2% del PBI y solo en Piura, alcanzaría 1,189 millones de soles, , siendo la región que, pese al avance de otras regiones en deshonroso ranking, mantiene su liderazgo por su segundo año consecutivo, según lo revela estudio «Incidencia de la Corrupción y la Inconducta Funcional en el Perú – 2020» .

Es claro que la corrupción sigue siendo un problema fundamental en el Perú, y es uno de los temas centrales que ocupa toda discusión sobre política pública y oportunidades de desarrollo y es definida principalmente en la forma de sobornos y favorecimientos en la asignación de contratos y puestos públicos, tiende a concentrarse en funciones públicas que generan alguna actividad rentista, es decir, donde existe la posibilidad de generar una renta u otro beneficio directo o indirecto al burócrata; por ejemplo, en la decisión de contratar o imponer determinada regulación o sanción, u otorgar una licencia o un permiso.

En este contexto definido por la Contraloría General de la República en el documento “INCIDENCIA DE LA CORRUPCIÓN Y LA INCONDUCTA FUNCIONAL EN EL PERÚ 2020” * (Si desea bajar el documento completo, clic aquí), Piura y siete de las regiones que tuvieron mayor perjuicio económico debido a la corrupción de sus gobiernos regionales y municipales en el 2020, han ejecutado menos del 40% del presupuesto asignado a proyectos de inversión; con lo cual, no solo sufrimos el flagelo de la corrupción, sino también el de la incompetencia y la ineptitud de quienes gobiernan.

En el estudio elaborado por Nelson Shack, Jeniffer Pérez y Luis Portugal y publicado el pasado mes de agosto, se identifica que las proporciones del daño patrimonial generado al presupuesto del Estado en el 2019, se concentraba principalmente en el rubro de contratación y ejecución de obras públicas, y en los gobiernos subnacionales. En el primer caso, se habla de un tipo de gasto que, sin una opinión experta o una supervisión técnica, difícilmente es posible reconocer si la inversión cuesta su valor o si la misma se viene realizando conforme a lo técnicamente aceptable; mientras que, en el segundo caso, los gobiernos subnacionales adolecen —en mucha mayor medida que el gobierno nacional— de un servicio civil meritocrático, estando más expuestos a las prebendas y la rotación masiva de personal con cada nueva gestión.

El cálculo que esta investigación ha hecho para el 2020, señala un incremento en el perjuicio económico identificado en los niveles de gobierno regional y local en la partida genérica de gastos de bienes y servicios (12 regiones experimentan incrementos significativos), mientras que se observa una caída en el caso de la partida para inversiones en obras públicas, respecto a lo identificado para ambos niveles de gobierno en el 2019. En términos generales, el daño patrimonial generado al Estado por corrupción e inconducta funcional habría alcanzado los 22 059 millones de soles, equivalentes a 12.6% del presupuesto ejecutado en el 2020 y al 3.2% del PBI del mismo año.

La mayor incidencia de la corrupción e inconducta funcional 2020 se ha presentado en las regiones de Huancavelica, Moquegua, Callao, Ucayali, Tacna y Apurímac, observándose además que regiones que se encontraban en el extremo inferior del ranking han subido a las primeras posiciones. En general, 14 regiones suben posiciones en el ranking de incidencia. Entre las regiones que más han escalado en el ranking, se encuentran Lima Provincias, Cusco, Apurímac, Ayacucho e Ica. Asimismo, es importante notar que, con excepción de Moquegua y Lambayeque, todas las regiones que se ubican en el top 10 del ranking de incidencia de la corrupción figuran entre las regiones con mayor incidencia de pobreza, de acuerdo al último reporte del INEI; siendo las más afectadas Huancavelica y Ayacucho (41.4%-45.9%). Es decir, que las regiones más afectadas por la corrupción están, a la vez, entre las más pobres.

En términos del tamaño (monto involucrado) de nuestro proxy de daño patrimonial, el top 5 es similar al cálculo efectuado para el año 2019. Lima Metropolitana, Piura, Callao, Arequipa y Cusco encabezan la lista. No obstante, resaltan los casos de Huancavelica y Apurímac —que coincidentemente con su ascenso en el ranking de incidencia de corrupción e inconducta funcional 2020— ascienden 8 y 5 posiciones, respectivamente, en el ranking de tamaño de la corrupción e inconducta funcional.

En los gobiernos subnacionales, sumando el perjuicio extrapolado solo en entidades de gobiernos regionales y locales, el ranking de daño patrimonial en términos de monto en nuevos soles se ha mantenido muy similar al año 2019, con excepción de Huancavelica, que habría subido siete posiciones, encontrándose entre los cinco departamentos con los mayores montos de daño por corrupción e inconducta funcional. De igual manera, vemos ligeros cambios al interior del top 5, resaltando el caso de Piura, que sube dos posiciones, ubicándose como la región con mayor monto de daño patrimonial por corrupción e inconducta funcional a nivel de gobiernos subnacionales.

En términos del monto involucrado en el proxy de daño patrimonial —es decir, el tamaño de la corrupción en valor monetario— el top 5 es similar al cálculo efectuado para el año 2019, con excepción de Cusco. Descontando a Lima Metropolitana, las circunscripciones de Piura, Callao, Arequipa, Cusco y Áncash encabezan la lista de regiones con la mayor pérdida de recursos públicos por corrupción e inconducta funcional, dos de las cuales presentan la mayor ejecución presupuestal en el 2020 (Piura y Cusco) y que además han subido una posición con respecto al año anterior.

Para el caso de la región Piura, se puede ver que, con los montos estimados de perjuicio económico a nivel subnacional, se podría haber instalado 40 centros de salud (infraestructura y equipamiento) durante la pandemia o 140 plantas de oxígeno que podrían haberse empleado para mitigar los impactos de la pandemia. De igual manera, se podrían haber empleado para la construcción de 52 km en vías urbanas o 15 nuevos colegios para la región; o adquirido 149 235 tabletas para sus estudiantes. En lo correspondiente a conexiones de agua potable, con el monto extrapolado se hubiese podido conectar a 169 059 personas del ámbito urbano y 74 284 del rural; de igual forma en términos de contratación de servicios profesionales para la implementación de un servicio de emergencia con funcionamiento por un año, se pudieron haber implementado 624 servicios para la región.

Entre las irregularidades más comunes figuran, las sobrevaloraciones de obras o las contrataciones de bienes o servicios no requeridos y que en el caso de los gobiernos subnacionales, la Contraloría calcula en S/10.400 millones que representan casi la mitad de lo que habría perdido todo el Estado Peruano durante el 2020 (S/22 mil millones) por temas vinculados a la corrupción. El monto restante (S/11.500 millones) corresponde a perjuicios generados en entidades del Gobierno Central.

De las regiones con mayor cantidad de recursos desperdiciados producto de la corrupción, Piura ocupa el primer lugar, seguida de Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Huancavelica, Áncash, Cusco, Junín, Ayacucho y Apurímac. Las pérdidas estimadas para Piura en el 2020 ascenderían a S/816 millones, lo que representa el 18% de su presupuesto. Es decir, casi uno de cada cinco soles de los recursos públicos asignados, habrían sido absorbidos por la corrupción.

Menos gasto

A la corrupción se le suma la baja ejecución presupuestal. Piura y Junín, que durante este año incrementaron su presupuesto de inversión en más del 50%, han gastado apenas poco más de la tercera parte de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM). En lo que va del 2021, los gobiernos regionales de los departamentos mencionados, a excepción de Cusco y Apurímac, han gastado menos del 40% de sus partidas para obras.

En el caso de las municipalidades, Piura también lidera la tabla de posiciones en menor ejecución del gasto pues en conjunto, las comunas piuranas ejecutaron solo el 39.5% del presupuesto de inversiones.

(Shack, Pérez & Portugal, 2021)

Shack, N., Pérez, J. & Portugal, L., (2021). Incidencia de la corrupción y la inconducta

funcional en el Perú 2020. Documento de Política en Control Gubernamental. Contraloría General de la República. Lima, Perú.

Los comentarios están cerrados.

Web construida con WordPress.com.

Subir ↑