La pandemia ha puesto sobre el tapete no solo corrupción y mala gestión de los recursos públicos sino también ha puesto en la agenda nacional la discusión por el manejo de los fondos pensionarios que, por ser propiedad de los trabajadores, es dinero privado aun cuando quienes gestionan el Estado pretendan que es dinero público.
La disputa entre quienes privilegian el equilibrio fiscal antes que la salud y educación de los ciudadanos y quienes dicen que el dinero de los trabajadores no es parte del presupuesto público, no solo es ideológica pues contrapone liberalismo a populismo (en el buen sentido del término) sino también muestra la enorme brecha entre un gobierno que intenta salir de la recesión financiando solo a empresas grandes y medianas versus quienes creen que, sin consumo, no existe empresa que venda, tribute y genere empleo, por lo que el consumo se debe estimular dando recursos a los ciudadanos.
Este es el fondo de la exigencia de que se congelen por corto periodo las tasas de interés a las tarjetas de crédito, lo fue para devolver el 25% del fondo AFP y lo es para la devolución de los aportes a la ONP realizados por 38,763 trabajadores que no tendrán jubilación porque no cumplen los 20 años de aportes exigidos y no es verdad que esos aportes ya no existen porque se pagaron a actuales pensionistas como dijo la ministra del MEF. Ese dinero se descontó en 13% del sueldo a millones de trabajadores para ir a un fondo común que se ha desfinanciado porque el Estado lo mal usa y porque la esperanza de vida se ha elevado.
Se debe devolver, tan igual que se hizo con quienes lo recibimos en forma de bono para irnos a una AFP, porque no es una tasa ni un impuesto, porque sí se puede individualizar a quienes lo aportaron pues existe registro de los descuentos en boletas y planillas como lo fue con el FONAVI que solo ha devuelto el 25% de lo que debe, porque no es dinero público y el Estado es solo un (mal) gestor del mismo mas no su propietario y porque aún cuando a ese fondo de pensiones le llamen solidario no lo es, en tanto que retorna a sus dueños en forma de pensión, pero no retorna para quienes aportaron 19 años, 11 meses y 29 días y eso no es solidaridad sino inequidad.
Finalmente, debe ser devuelto porque en plena pandemia, sus dueños lo necesitan ahora y no a futuro.
Vigilia Ciudadana 