Por ahora pasó el susto de una inundación, pero aún nos espera un marzo movido y angustiante y mientras alcalde provincial y gobernador discuten en público si el COER es eficiente o si hay que poner sirenas que avisen de las crecientes del río, importantes y urgentes proyectos como el Plan de Control de Inundaciones y el Plan Maestro de Drenaje para Piura, sufren los embates de la torpeza, la leguleyada y la falta de transparencia que dan lugar a legítimas sospechas.
“Vigilia Ciudadana” ha escudriñado cartas, audios, listas de chequeo, correos electrónicos y selectivas invitaciones, buscando determinar las verdaderas razones detrás de la paralización de dos proyectos que los piuranos necesitamos a gritos para no volver a sufrir la desgracia que nos asoló en marzo 2017 y se han encontrado hechos muy sospechosos que debieran ser clarificados por sus autores.
En agosto 2018 la ARCC entregó al GR Piura los Términos de Referencia para que convoque a concurso y se hagan los expedientes técnicos para esos dos proyectos. Dichos TDR fueron hechos por un equipo de especialistas convocados por el BID y liderados por Othon Zevallos Moreno, ingeniero civil-hidraúlico ecuatoriano, master en ciencias hidráulicas por la Universidad de Colorado (USA), especialista en hidráulica de ríos y exclusión de sedimentos en canales y proyectista del eficiente sistema de drenaje de Guayaquil… Nada menos.
Antes de ir al proceso de adjudicación, esos TDR debieron ser validados técnicamente por los ingenieros piuranos para llegar a consensos y dar solidez a la propuesta. Lamentablemente, el anterior gobernador y la pasada gestión del PEIHAP no lo hicieron y entonces dejaron la puerta abierta para el cuestionamiento. Olvidaron que si bien en Piura hay “ingenieros” cuya formación académica la hicieron en la agencia piurana de una universidad chimbotana durante cien sábados y domingos de ceviche, los hay también muy solventes y están en el Instituto de Hidráulica de la UDEP o en «Vigilia Ciudadana» que tiene a Zivko Gencel (uno de sus fundadores) con el mismo master que Othon Zevallos, vive más de veinte años en Piura e incluso con más experiencia que el ecuatoriano… Injustificable omisión.
En octubre, el GR-PEIHAP convocó al proceso de adjudicación y solo se presentó el consorcio español “Inundaciones Piura”. Otras empresas extranjeras pedían mayor tiempo para traducir las 146 páginas de los de TDR y considerar su postulación. Los TDR solo se publicaron en castellano… Otra omisión.
En diciembre el PEIHAP firmó contrato con el postor ganador y cuando parecía que esos dos proyectos daban sus primeros pasos en serio, la nueva gestión del PEIHAP, en lugar de adjudicar la supervisión para el trabajo que harían los españoles, sacó de la manga el inconsistente argumento de una supuesta dirección falsa y decidió anular el contrato. Tres días después les cursaron carta otorgándoles plazo de 10 días para devolver los S/ 2, 316,850 que dieron como adelanto y, sin esperar el cumplimiento de ese plazo, les ejecutaron una primera carta fianza por S/ 1.2 millones, dinero que se encuentra en custodia en un banco local porque los funcionarios del PEIHAP que ejecutaron la fianza, ahora se niegan a recibir el cheque y tampoco han reportado al MEF el retorno de ese dinero… Inexcusable torpeza que el último jueves le costó el puesto al gerente general Gilmar Lizana Puelles.
Lo narrado es lo que se conoce públicamente. Lo oscuro es cómo así, el nueve de febrero, seis días antes de declararse la nulidad del contrato, directivos del CIP Piura invitaban vía correo electrónico a algunos de sus agremiados a reunirse para revisar los TDR de los dos proyectos y de la supervisión. ¿Quién los puso al tanto que el contrato se anularía o es que se buscaba el pretexto para hacerlo? ¿Acaso la buena nueva se las llevó el entonces gerente general Lizana, presente en al menos una de esas reuniones? ¿La disposición del CIP para revisar los TDR e incluso hacer unos nuevos, sería a título oneroso o gratuito? ¿Los haría el CIP Piura como institución o algún grupo de sus agremiados cobijados en alguna empresa? ¿Por qué no lo han explicado públicamente? Es absoluta la falta de transparencia de los directivos del PEIHAP y del CIP Piura.
Sigue pareciendo extraño, no tanto que el gerente general del GR Piura presida también el directorio del PEIHAP, sino su origen y vinculación muy cercana con la familia Acuña Peralta que ha gobernado La Libertad y Lambayeque. A la luz de hechos como la defenestración del Gerente General del PEIHAP o la designación de Luis Valdez Farías, su ex jefe y ex gobernador de la Libertad como Jefe de la Oficina del GR Piura en Lima, cabría preguntarse ¿Es apenas el gerente general del GR Piura o es el titiritero detrás de la nulidad del contrato y al servicio de sus mentores?
Se sabe que los Acuña Peralta, ellos mismos o por interpósitas personas, tiene intereses en la irrigación de las pampas de Olmos, cuyos promotores aspiran a tomar para su uso los 335MMC de agua del río Huancabamba que las normas legales destinan al Proyecto Alto Piura ¿Qué tiene que hacer en el PEIHAP el Sr. Darío Acuña Peralta? Dicho señor es un conocido empresario en obras públicas, con sentencias judiciales, actualmente colaborador eficaz en el caso “Los limpios de la corrupción en Chiclayo” y se le ve mucho en Chulucanas recomendando acciones y funcionarios ¿Quiénes están detrás de la anulación del contrato para estos dos importantes proyectos, la familia Acuña Peralta? ¿Cómo puede explicarse lo que parece ser una creciente influencia en el gobierno del Sr. Servando García?
Debe reconocerse que esos TDR son perfectibles y de hecho debieron ser revisados y validados por especialistas hidráulicos piuranos y esa es una omisión de la anterior gestión del PEIHAP que debe ser remediada pues el consenso es el mejor antídoto para satisfacer a los que cuestionan y neutralizar a los depredadores de la política y las redes sociales.
Cierto es también que no se requieren nuevos TDR sino ajustar o perfeccionar los que ya se tienen. Ir por nuevos TDR, por nuevos postores y nuevo ganador, no solo es más que sospechoso, sino que será muy oneroso pues supone tirar al río el caso millón y medio de soles que costó al BID su elaboración, implica asumir con dinero público el pago de indemnizaciones y compensaciones a la empresa que ganó el contrato anulado y lo más reprobable, afecta gravemente a Piura pues retrasa aún más a la solución de un problema que tiene ya 35 años.
La opción de reajustar los TDR ya aprobados quizá suponga alguna adenda en el contrato que el PEIHAP busca anular al consorcio español, lo que traería consigo la hoy malhadada frase “pago de adicionales”… No quedaría otra opción si se quiere aprovechar lo ya hecho y dar celeridad al proyecto para controlar las inundaciones y al plan integral de drenaje… Si se tiene que pagar un adicional por ello, estaría plenamente justificado y sería más barato que anular el contrato.
Mientras tanto, los piuranos seguimos esperando, no solo mayor transparencia y las explicaciones del gobernador a las cuestiones aquí planteadas, sino también y, sobre todo, decisiones prontas y eficientes. Desde “Vigilia Ciudadana”, nosotros buscaremos ayudarle mostrándole algunos hechos sospechosos que quizá el no conoce ¿O sí?
Vigilia Ciudadana 