Transparencia y Control Social para combatir la corrupción

El más grande flagelo de este siglo en el Perú es la corrupción que, entendida como el beneficio privado que se obtiene a partir del ejercicio de un cargo público, amenaza al sistema democrático y pone en riesgo el proyecto hacia el cual el Perú se ha encaminado, que es el de ser un país democrático, justo, libre y en el que se administren los recursos públicos con honradez y honestidad para beneficio y bienestar de todas las personas.


Si la lucha contra la corrupción la graficáramos como un personaje que se enfrenta a ésta para intentar derrotarla, sin duda que su herramienta principal serían sus dos brazos. Uno para concentrarse en los actos de corrupción cometidos para que sean sancionados y el otro, enfocado en la realización de acciones preventivas destinadas a evitar que ocurran.
El propio sistema de control del Estado Peruano tiene esta configuración. El Control Previo que realizan las oficinas de control interno y funcionarios de cada entidad pública (En teoría para prevenir la ocurrencia de actos de corrupción) y el Control Posterior, destinado a detectar los actos de corrupción para sancionarlos. En medio de ambos, aparece el Control Simultáneo; algo parecido a decir: Estoy aquí mirándote porque el control previo pudo no ser efectivo y el control posterior, la mayoría de veces termina en impunidad.


Lo cierto es que en el Perú, el Control Previo no funciona adecuadamente como así lo demuestra lo desbordado que se encuentra el Control Posterior por la cantidad de casos de corrupción que detecta y el control simultáneo concurrente deviene en insuficiente pues, a más de padecer los mismos defectos del control previo, requeriría un verdadero ejército de personas que premunidas de herramientas legales y tecnológicas como también de insobornables valores éticos, evite lo que no pudo evitar el control previo. Lamentablemente, nadie se controla bien a sí mismo.


¿Qué hacer? Estamos convencidos que una de las dos herramientas más eficaces para luchar contra la corrupción es la transparencia, entendida como la acción cotidiana de informar y evidenciar los actos de la administración pública, poniéndolos sin el menor obstáculo al alcance de la ciudadanía en general. La otra es el control social mediante el cual, la sociedad organizada, puede participar de manera directa en el control preventivo sobre quienes gestionan el gasto público.


De hecho, la Ley 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, en su artículo 9°, inciso “q”, establece el principio del control social que permita la contribución de la ciudadanía en el ejercicio del control gubernamental; sin embargo, el Poder Legislativo aún no ha desarrollado ningún instrumento legal que fomente la participación ciudadana en el control de los recursos públicos y de quienes los gestionan.


Es en este marco que nace “Vigilia Ciudadana”, asociación civil que utilizando la Ley 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y amparándose en el principio del control social establecido en la Ley del Sistema Nacional de Control, se instrumentaliza como una organización de la sociedad piurana con la finalidad de promover la transparencia en las entidades de la administración pública que operan en nuestro departamento, apoyar la lucha contra la corrupción evidenciando sus actos y fomentar el control ciudadano sobre quienes gestionan los recursos públicos.


La tarea es ardua y difícil pues deviene en empinada cuesta que debemos superar para alcanzar un mínimo de eficacia en nuestro cometido; sin embargo, es alentador recibir el apoyo y adhesión de la sociedad piurana en una tarea que de ningún modo puede ser sólo nuestra y para la que sin duda alguna, necesitaremos de muchas personas premunidas de los mismos valores que “Vigilia Ciudadana” promueve y defiende: Integridad, objetividad, independencia, respeto, prudencia y perseverancia.


Como organización de la sociedad civil, esperamos ser en Piura la semilla que de lugar a muchas más organizaciones que, fuertes y enhiestas, planten dura lucha a la corrupción para evitar su ocurrencia, promuevan la transparencia como práctica común de la administración pública y fomenten el control social como el más efectivo control preventivo. Hacia esa meta nos dirigimos.

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