Hechos ocurrieron en plena pandemia y los denunció Vigilia Ciudadana

El pasado 13 de julio, VIGILIA CIUDADANA denunció lo que llamó “La Concha de la Pandemia” pues encontró a un grupo de privilegiados funcionarios del hospital Santa Rosa dándose un gran festín con dinero público, aumentándose los sueldos en 30%, 50% y hasta 100% premiándose además con escandalosas bonificaciones por movilidad que se las incrementaron hasta en 391%, y pagos por horas complementarias de trabajo asistencial que no han realizado; todo adornado con flagrantes casos de nepotismo, que debieron significar la remoción de varios funcionarios y la apertura de procesos disciplinarios; sin embargo, el gobernador SERVANDO GARCÍA, creyendo que las distintas dependencias del GR PIURA son su chacra particular y como es su costumbre, no hizo absolutamente nada dejando que gente inescrupulosa, haga cera y pabilo de las normas legales vigentes y del dinero público. (Ver aquí denuncia presentada por VIGILIA CIUDADANA)

En casos como este, uno siempre será mejor que ninguno y con ello nos referimos a la actuación del Consejo Regional que siendo su función fundamental fiscalizar el accionar del ejecutivo regional, reiteradamente brilló por su inoperancia al dejar hacer y dejar pasar repetidas irregularidades en la gestión de SERVANDO GARCÍA… Pues bien, parece que ahora sí, el CONSEJO REGIONAL ha decidido cumplir con la función a la que está obligado y en relación al caso del irregular y exagerado incremento de sueldo y gastos de movilidad en el Hospital Santa Rosa, dispuso con 10 votos a favor y uno en contra, se habrán los correspondientes procesos disciplinarios a quienes creen que pueden hacer con el dinero público lo que les viene en gana; entre ellos, el director del hospital EDWIN CHINGUEL PASACHE, la jefa de asesoría jurídica EVELYN KARINA RIVERA SAGÁSTEGUI, la jefa de administración GLADYS SILVANA SALAZAR ZAPATA, entre otros funcionarios…

El consejero regional por la provincia de Piura, ALFONSO LLANOS FLORES, fue quien expuso ante el pleno el informe emitido por la Oficina Regional Anticorrupción, que explica las faltas cometidas dentro del Hospital Santa Rosa en el marco de la emergencia sanitaria.

Respecto al caso de nepotismo, a través del Reniec, se comprobó el parentesco entre el trabajador CAS, PEDRO ALEJANDRO PEÑA RIVERA, y su madre, la asesora legal, EVELYN KARINA RIVERA SAGASTEGUI; además de la trabajadora CAS, VIVIANA LOREN LARA MORALES, hermana de la jefa de Servicios Generales, EDIBELMA LARA MORALES; esta última recibió un aumento de 100% a su remuneración de S/ 3mil, pasando a ganar de S/ 6 mil, solo porque el director CHINGUEL PASACHE, así lo decidió, en función de su “cercana amistad” con las hermanas LARA MORALES o una supuesta vinculación sentimental que algunos trabajadores les atribuýen, según fuentes de VIGILIA CIUDADANA.

En el caso del incremento de sueldo y bonificación de movilidad de los funcionarios, se encontrarían implicados el actual director del nosocomio, EDWIN CHINGUEL PASACHE, quien, junto a sus funcionarios de confianza, modificaron sus contratos CAS para recibir incrementos salariales que subieron sus sueldos de S/ 6 mil a S/ 9 mil, además de un incremento en la bonificación por movilidad de S/ 640 a S/ 2,200 en el caso de los funcionarios, mientras que el cuestionado director, elevó su sueldo de S/ 10 mil a S/ 13 mil soles y sus gastos de movilidad, de S/675 pasaron a S/ 2,400.

Lo preocupante es que el dictamen acusatorio del CONSEJO REGIONAL, ha sido derivado a la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios del Hospital Santa Rosa, instancia conformada por algunos de los funcionarios que recibieron los irregulares aumentos y que, además, tiene dependencia laboral y está subordinado al director del hospital, el cuestionado CHINGUEL PASACHE.

EDWIN CHINGUEL PASACHE y su conviviente MILAGROS DELTA ESTEVES, a quien tuvo trabajando en el Centro Oftalmológico anexo al Hospital Santa Rosa del que aún es director

Un hecho relevante que ha pasado desapercibido para el CONSEJO REGIONAL o que no quisieron mirar, es el nepotismo en que incurrió el mismo EDWIN ZAPATA CHINGUEL, quien hasta el 22 de julio pasado tuvo laborando en el anexo oftalmológico del Hospital Santa Rosa, a su conviviente MILAGROS DEL SOCORRO DELTA ESTEVEZ, con quien tiene un hijo.

El anexo oftalmológico funciona en el A.H. María Goretti de Castilla, y descubierto el nepotismo en que venían incurriendo sus funcionarios en la sede principal del hospital, CHINGUEL PASACHE sabiendo que las investigaciones de VIGILIA CIUDADANA seguían sus pisadas, buscó ocultar que él también incurría en la misma práctica irregular y ordenó a la administradora de este centro de salud SILVIA MARÍA VARILLAS CASTILLO, que de por terminada la contratación de MILAGROS DELTA ESTEVES, quien el 2020 tenía contrato laboral, mientras que el 2019, tuvo contrato por locación de servicios, tal como aquí lo mostramos con el reporte del portal de Transparencia del MEF.

Pago por servicios de terceros que la conviviente de EDWIN ZAPATA CHINGUEL recibió durante el 2019

A este caso de flagrante nepotismo que debe sumarse al dictamen del CONSEJO REGIONAL, está el de GLADIS SILVANA SALAZAR ZAPATA, jefe de la Unidad de Administración, por haber suscrito las contrataciones CAS elaborados al actual director del hospital, a los funcionarios de confianza y a los contratados involucrados en el caso de nepotismo; el del abogado MARCO SALAZAR HERNÁNDEZ, jefe de la Oficina de Recursos Humanos, por haber visado los contratos CAS. Así como a DAVID PAICO ANCAJIMA, jefe del Área de Planeamiento Estratégico, por haber participado en el irregular incremento de las remuneraciones.

El informe acusatorio del CONSEJO REGIONAL ha sido derivado a la Procuraduría Pública Ad hoc en denuncias, investigaciones y procesos penales del Gobierno Regional Piura para que evalúe la interposición de la denuncia penal por los presuntos delitos contra los que resulten responsables… Se espera que esta evaluación no pase por agua tibia los hechos denunciados por VIGILIA CIUDADANA y que han merecido el pronunciamiento del CONSEJO REGIONAL casi tres meses después y mientras que se determinan las responsabilidades administrativas y penales, pueden caer en prescripción, mejor dicho, en impunidad…

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