¿No saben, no aprenden o lo hacen a propósito porque creen que nadie los mira?… La Falta de transparencia para fiscalizar los gastos e inversiones del gobierno regional y las municipalidades, no solo es imprescindible para fiscalizar la gestión del dinero público, sino que, además, es obligatorio hacerlo y quien incumple con esta obligación legal, incurre en falta administrativa y en delito contra la administración pública…
¿Gracias? No señores, se les eligió para trabajar y su trabajo consiste en fiscalizar al alcalde… Háganlo pues no lo han venido haciendo, lo evidencia el Informe de Control Interno, después de ello, den las gracias por haber sido elegidos.
En la Municipalidad Distrital de Castilla, el órgano de Control Institucional, encontró que, en lo que va de la gestión del alcalde JOSÉ ELÍAS AGUILAR SILVA, se emitieron TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTAISÉIS… Así como lo lee 3,386 órdenes de servicio y de compra por montos inferiores a 8 UIT y sin que éstas sean registradas en el Portal del SEACE, tal como lo ordena le ley… Es decir, oscuridad total respecto del uso de dinero público dispuesto para compras que no superen los S/34,400, monto límite para no realizar procesos de adjudicación mediante concurso público para adjudicar la compra…
Parte del Informe de Control de la OCI de la Municipalidad Distrital de Castilla
Una de las prácticas mafiosas más recurridas por la corrupción enquistada en la administración pública, es eludir los concursos de postores que ordena la Ley de Contrataciones del Estado, cuando las compras son mayores a 8 UIT que equivalen S/ 34,400 y la forma de hacerlo, es fraccionar las compras para que no superen ese monto y así, adjudicar la compra del bien o servicio a dedo, o mejor dicho, favoreciendo a un tercero que puede ser un amigo, un pariente o un proveedor corrupto que entrega una coima a cambio de esa “pequeña” adjudicación…
Solo dos integrantes de la Subgerencia de Logística, cumplen con tener la certificación de OSCE que los acredita para trabajar en el sistema de adquisiciones
Que en la Municipalidad Distrital de Castilla sean 2,900 órdenes de servicio y 486 órdenes de compra menores a 8 UIT las no registradas en SEACEdurante el 2019 es más que llamativo y sospechoso pues, sí se asume que en el caso de las 486 órdenes de compra, están fueron solo por el 10% de los S/ 34,400 fijados como limite por la ley, tendríamos que, solo en compras menores, existe absoluta oscuridad en el destino de S/ 1 millón, 671 mil 840 y ojo que solo se está considerando compras por S/ 3,340, cuando de hecho, hay compras por montos muy superiores que pueden llegar hasta los S/ 34,400, con lo cual la oscuridad en el uso y destino de los recursos públicos en la Municipalidad Distrital de Castilla, llega a varios millones de soles que no se sabe en qué fueron gastados, justamente porque no se han publicado cada una de esas adquisiciones en el portal del SEACE como manda la ley.
En el monto con que VIGILIA CIUDADANA ejemplifica la total falta de transparencia y rendición de cuentas en esa municipalidad, no se incluyen 2900 órdenes de servicio no registradas, las que evidentemente ascienden a varios millones de soles y que seguramente incluyen al persona que desempeña actividad laboral a través de la conocida modalidad de “servicios de terceros”, pero que también incluye otro tipo de servicios que se adjudican sin concurso y de los que no se puede hablar en específico ni investigar, justamente porque no han sido registrados, evitándose de ese modo la mirada de los ciudadanos y la fiscalización de los órganos de control.
Recomendaciones del órgano de control al alcalde JOSÉ AGUILAR SILVA, las que hasta hoy se desconoce si se han implementado.
Tan grave falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos que aquí presentamos, se sustenta en el INFORME Nº 002-2020-OCI/2407-SOO emitido por la Oficina de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Castilla que ofició a la subgerencia de logística para que le informe de las órdenes de compra o de servicios que emitió durante el 2019 y en el periodo enero a julio de 2020.
En su pesquisa, la Oficina de Control Institucional encontró que la subgerencia de logística, no solo transgredió el artículo 2º de la Ley Nº 30225 de Contrataciones del Estado en lo referido a los principios de transparencia y publicidad en los procesos de contratación, garantizando que las adquisiciones se realicen bajo condiciones de igualdad en el trato, objetividad e imparcialidad facilitando su supervisión y control; sino que, además, el personal de las contrataciones en la municipalidad de Castilla, no cuenta con la certificación otorgada por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, hecho que afecta la legalidad de los procedimientos, no garantizando una gestión de las contrataciones, eficiente y competente.
Del personal que labora en la subgerencia de Logística, los únicos que presentan certificación de la OSCE son la subgerente, LEZLI MILITZA VELAZCO GÓMEZ y la gestora de contrataciones HELEN SANDOVAL BARRANZUELA, más los especialistas en contrataciones RONALD JOSÉ CASANOVA ATOCHE, KETY YANETH CASTILLO MONTALVÁN, LUIS ISAÍAS REYES MORALES Y LEONEL OLAYA JAIME.
Es de señalar que la subgerente de logística de la Municipalidad de Castilla LEZLI MILITZA VELAZCO GOMEZ, es abogada y se supone conoce la normatividad referida a las contrataciones estatales y las sanciones que corresponden a su incumplimiento, más aún si esto supone el ocultamiento de a quiénes se otorgaron las adquisiciones de bienes y servicios y qué fue lo que se adquirió o compró… La mencionada abogada, fue una de las funcionarias de la UGEL PIURA que, en noviembre de 2017, firmó las ordenes de servicio para la supuesta adquisición de almuerzos y desayunos para dos eventos de capacitación de profesores que luego se descubrió nunca se realizaron y en el que estuvo involucrado el hoy jefe del Centro de Planeamiento Regional – CEPLAR del GR PIURA, RAÚL VALDIVIEZO MECHATO y la ex director de la UGEL PIURA, CARMEN SÁNCHEZ TEJADA… Es decir, hay razones para desconfiar de un accionar eficiente y transparente de esta funcionaria.
Copia de una de las órdenes de servicio que firmó LEZLI MILITZA VELAZCO GOMEZ, para la adquisición fraudulenta de refrigerios en la UGEL PIURA
El informe de la Oficina de Control Institucional responde a un procedimiento de control simultáneo que se deriva en una acción de ORIENTACIÓN DE OFICIO con la finalidad que el alcalde JOSÉ AGUILAR SILVA, adopte las medidas preventivas y correctivas a las que está obligado y ello supone que debe publicar esas 3,836 órdenes de servicios y de compras a efectos que puedan ser fiscalizadas y conocidas por la ciudadanía, es decir, debe gestionar los recursos públicos con transparencia, además de eficiencia, todo ello, sin perjuicio de cada una de estos servicios y compras, deben ser escudriñados para determinar si se realizaron conforme a ley.
Vigilia Ciudadana 